Fuentes ligadas al Sistema Penitenciario aseguraron bajo condición de anonimato, que la situación aún es tensa dentro del penal debido a otro hecho que gira alrededor de dos reos que estarían detenidos ilegalmente

Bajo estrictas medidas de seguridad y vigilancia permanecen desde el fin de semana las instalaciones de la Policía y del Sistema Penitenciario de Bluefields, ante supuestas amenazas de motín y el intento de fuga de cuatro presidiarias.

No obstante, Wilfredo Jarquín, delegado de Gobernación para la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, minimizó la situación y dijo que se trataba de una protección de rutina.

“No conocemos de ningún plan para desestabilizar la Policía o el Sistema Penitenciario, lo que se hizo fue protegerlas (instalaciones) por el intento de fuga que se registró el fin de semana”, dijo Jarquín.

El funcionario hacía alusión a un hecho que involucró a las convictas Ileana Requena Talavera, Julissa Cutbert Down, de 30 años; Cosly Prudo Taylor, de 25, y Yanielka Taisigue, de 16 años, quienes aprovecharon la oscuridad y la lluvia que caía la noche del sábado 4 de febrero, para darse a la fuga, aunque fueron recapturadas poco después.

Sin embargo, fuentes ligadas al Sistema Penitenciario aseguraron bajo condición de anonimato, que la situación aún es tensa dentro del penal debido a otro hecho que gira alrededor de dos reos que estarían detenidos ilegalmente,  pues ya cumplieron su condena y las autoridades se niegan a liberarlos.

Se trata de los prisioneros Herbert Hamilton y Alfredo Oregón Hunter, ambos condenados por drogas, y quienes según su abogado defensor, ya cumplieron sus respectivas sentencias.

“Hamilton recibió orden de libertad el 28 de mayo y Oregón debería estar en libertad desde diciembre pasado, pero (el alcaide del penal Ernesto) Zelaya se opone a liberarlos”, afirmó el abogado Silvio Lacayo.

Orden superior
Pero el delegado de Gobernación defiende al alcaide Zelaya y afirma que este solo está cumpliendo órdenes superiores. “No se trata de un capricho personal, el Alcaide cuenta con el respaldo institucional. La decisión está en manos de una comisión nacional del Mingob (Ministerio de Gobernación) y de la Corte Suprema de Justicia que está revisando las sentencias que emiten jueces y magistrados”, explicó Jarquín.